Tratado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Tomos I-II)

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Fecha: Diciembre 2021
Páginas: 1.280 en 2 volúmenes  + formato electrónico

 

La Cuarta Edición del Tratado de la Jurisdicción contencioso- administrativa responde no solo al deseo natural de actualización de los contenidos que tenían las anteriores, sino que, sobre todo, responde al deseo de integrar las grandes reformas que se han ido produciendo.

• Obra completa para especialistas en derecho administrativo
• El objetivo central es conseguir que el usuario tenga en un mismo texto todos los elementos de los que componen la interpretación y aplicación general del orden contencioso-administrativo
• Comenta artículo por artículo toda la ley de jurisdicción contencioso-administrativa
• Se enseñan conceptos que no vienen en los libros al uso
• Se dan consejos y recomendaciones encontrando fácilmente los temas que interesan
• Se intercalan estudios cuando las regulaciones suscitan problemas prácticos
• Se aportan infinidad de sentencias adecuadas a las regulaciones
• Se evitan en todo caso comentarios superfluos o reiteraciones de leyes en los comentarios
• Sobre todo, estamos ante una obra de especialista, que vuelca experiencias prácticas y se detiene en el estudio y comentario de los problemas principales que se suscitan en la práctica procesal, aportando un conocimiento valioso de la materia.

Se incluyen formularios.

 

Director
Alberto Palomar Olmeda | Broseta Abogados y Magistrado de lo Contencioso-Administrativo

Autores
Ignacio Colomer Hernández | Catedrático de Derecho Procesal
Francisco De Miguel Pajuelo | Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social
Cesáreo Duro Ventura | Magistrado
Javier Fuertes López | Magistrado. Doctor en Derecho
Sabela Oubiña Barbolla | Doctora en derecho
Gil Manuel Perea Crespillo | Abogado Broseta
Miguel Ángel Recuerda Girela | catedrático de Derecho Administrativo
Ramón Terol Gómez | Profesor Titular de Derecho Administrativo
Javier Vázquez Garranzo | Abogado. Letrado de la Administración de la Seguridad Social

 

Presentación 

I.- La primera edición de este Tratado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa nació con un propósito académico definido como era la integración de una norma especial: la Ley de la Jurisdicción de 1998 con la norma general de procedimiento que se identifica con la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trataba de una formulación que tenía como destinatario final el profesional en este ámbito de la Administración de Justicia al que tener un visión de conjunto podría ayudar en su actividad diaria.

Si esta integración -aunque sea en una obra científica- es algo necesario y, sobre todo, útil es claro que cuando la norma general y de aplicación supletoria es de fecha posterior a la propia norma especial los conflictos interpretativos están servidos y, de hecho, la práctica ha demostrado que muchos de ellos siguen latentes y constituyen un debate constante en el ámbito de la actuación ante los Tribunales del orden contencioso-administrativo cada día.

En línea con el propósito inicial hemos procurado mantener los debates esenciales y la forma en la que los mismos van siendo analizados por la jurisprudencia y la doctrina conscientes de que realmente su solución final constituye un elemento central en la interpretación de la norma.

 

II.- No obstante, lo anterior que constituye, sin duda, un elemento central de la opción que en su momento inspiró la publicación del Tratado, es lo cierto que los debates sobre la jurisdicción contencioso-administrativa se han incrementado y parece que el control del poder público se mantiene con la misma viveza y actualidad de siempre. Probablemente en este momento social es dificil sustraer la jurisdicción contencioso-administrativa al cambio y transformación de valores y a las inquietudes que la propia organización institucional de la sociedad está teniendo.

De principio puede decirse que muchos (o algunos de los más importantes) debates derivan históricamente, en gran medida, de los problemas de la planta judicial y la no creación de órganos jurisdiccionales de nueva planta impone, necesariamente, una afección a uno de los principios más elementalmente vinculados al de tutela efectiva como es el de la justicia en plazo razonable. Los tiempos de respuesta de la jurisdicción contencioso-administrativa siguen siendo ciertamente preocupantes y las consecuencias de las decisiones judiciales, muy a menudo, sencillamente imposibles de conseguir en el terreno práctico. El tema de la planta y la organización está en debate, en estos momentos, en diversos proyectos de ley sobre la eficiencia organizativa y aplicativa del servicio público de la justicia que, en el momento presente, no tienen la madurez parlamentaria suficiente para que hayamos decidido la introducción de estos.

Es cierto que la tendencia en esta materia presenta una cierta desorientación general. La Ley de la Jurisdicción optó por la implantación de las vistas orales como gran aportación a la celeridad de los procesos. Los tiempos de respuesta con el número actual de órganos jurisdiccionales han conmovido los cimientos de aquella opción y ahora, en el marco de las medidas de agilización procesal se ha dudado de la opción inicial hasta convertirla en potestativa y volver, de nuevo, al procedimiento escrito. Algunas de las últimas reformas apuntan, precisamente, en esta línea, aunque es cierto que todo se ha vuelto confuso y complejo. La rapidez o la necesidad de la sustitución de los medios clásicos por los on line ha introducido pautas difíciles de calificar como mera necesidad o como un cambio con visos de permanencia. Si fuera esto último habría que determinar si la continuidad es con las reglas actuales de funcionamiento o con otras intermedias que están por determinarse. En todo caso, la opción on line, ya parece que será parte del futuro con el alcance y el límite que se determine.

El legislador, sin embargo, ha encontrado en la jurisdicción contencioso-administrativa un terreno muy propicio para los cambios continuos. Desde la publicación inicial se han publicado, al menos, la Ley 37/2011, de 10 de octubre; el Real Decreto-ley 11/2011, de 26 de agosto; la Ley 2/2011, de 4 de marzo; la Ley 34/2010, de 5 de agosto; la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero; la Ley 13/2009, de 3 de noviembre; La Ley 20/2013, de 4 de junio; Ley 26/2015, de 28 de julio; la Ley 42/2015, de 5 de octubre; la Ley 34/2015, de 21 de septiembre; la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. La enunciación de las principales reformas nos sitúa ante una evidencia de que el marco que se conformaba como mínimante estable no ha parado de cambiar.

De pronto hemos descubierto que el problema no es solo la implantación de una nueva forma de organización de la oficina judicial, sino que ha sido preciso encontrar soluciones específicas para las cuestiones de competencia, de dopaje, de contratos, de propiedad intelectual, transferencia internacional de datos, etc. Materias que se corresponden con las normas a las que acabamos de hacer referencia.

De esta forma podremos convenir en que, lejos del inmovilismo histórico, se trata ahora de una jurisdicción viva, en cambio continuo y con la sensación de que hay que reinventarse cada día para dar satisfacción al principio esencial del control de la actuación de los Poderes Públicos.

Cabe indicar que algunos de los viejos problemas como el de la ejecución de sentencias no solo no se han arreglado con la normativa de 1998 sino que literalmente se han situado, en la actualidad, especialmente en el ámbito local, ante un panorama ciertamente complejo en el que se hace muy difícil asegurar el propio cumplimiento de las resoluciones judiciales. Los mecanismos de responsabilidad personal cuando la iliquidez o la insolvencia son reales en una Administración no son elementos suficientes y no producen la satisfacción real del titular de un crédito derivado de una resolución judicial. Esto nos permite afirmar que existe un rebrote de la conflictividad en la materia con unas facultades ciertamente limitadas por parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales.

Lo que es cierto es que la falta de solución en esta materia (también en otras pero específicamente en esta) condiciona la efectividad de la propia jurisdicción y, desde luego, su percepción social.

 

III.- Pero fuera de estas consideraciones generales es lo cierto que existen, al menos, dos cuestiones que forman parte del núcleo de todos los debates. De un lado, la transformación de la posición del Tribunal Supremo y la conversión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en una sala de casación y de fijación de doctrina. El balance de la actuación no puede, a nuestro juicio, considerarse peyorativamente. El interés casacional ha sido definido de forma conveniente y la jurisprudencia está solventando una serie de problemas interpretativos que, en el esquema actual, no hubieran tenido la uniformidad que puede llegar a tener en este momento. Es cierto, sin embargo, que convendría establecer una consideración de lege ferenda sobre la forma y los medios de alcanzar el recurso de casación. No es igual cuando el Tribunal Supremo es el segundo de los Tribunales que actúan en la resolución de una materia que cuando lo hace en tercer lugar. Sin embargo, el rigor de la inadmisión opera por igual en todas las condiciones y tiene un mayor tinte de rigor allí donde la casación opera de segunda instancia de conocimiento. Somos conscientes de la jurisprudencia constitucional sobre que el derecho a los recursos –a todos los recursos– es de configuración legal sin que pueda existir un derecho a las instancias sucesivas. Siendo esto cierto lo es, también, que la actuación de los órganos jurisdiccionales puede no haber sido correcta en términos aplicativos y la capacidad-viabilidad de la reforma se hace más o menos ilusoria en función de si el recurso puede o no ser admitido. Es probable, por tanto, que lege ferenda pueda ser conveniente plantear un visión más armónica en función de la posición que ocupa el Tribunal Supremo en la satisfacción del interés individual.

De otro lado, la jurisdicción contencioso-administrativa se ha visto salpicada, en tiempos de pandemia, por una polémica que, probablemente, no estaba demasiado pensada. La Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, en su redacción inicial tras la reforma de la disposición final 14 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, contenía una referencia, mínima en su regulación, en sede de la determinación de los órganos jurisdiccionales sobre la competencia de los órganos unipersonales para autorizar o ratificar las decisiones administrativas en materia sanitaria que afecten a los derechos de los particulares. De esta mención hemos pasado a otros supuestos en los que los jueces de lo contencioso-administrativo se configuran como garantes de los derechos fundamentales. Mientras esto ha ocurrido sin el agobio de la pandemia podemos indicar que todo ha funcionado razonablemente. Se ampliaron los supuestos y las medidas sanitarias se complementaron con cualquier otra que afectaba a la libertad y los derechos fundamentales de los interesados y, específicamente, las denominadas autorizaciones para entrada en domicilio en el ámbito de la Administración Tributaria y de los domicilios sociales cuando el peticionario es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. El Tribunal Supremo ha ido delimitando el alcance de la autorización y ha exigido que las Administraciones Públicas presenten indicios sólidos que justifiquen esta afección a los derechos fundamentales marcando como límite infranqueable el que no puede tratarse de actuaciones proyectivas o de investigación sin un fundamento tangible.

El tiempo y el Tribunal Supremo habían venido configurando este esquema de actuación en el que hay que reconocer que el juez contencioso-administrativo, muy vinculado aún a las pretensiones revisoras, no se mueve con tranquilidad. Pero, en este estado de cosas, se produce la pandemia y las autorizaciones sanitarias pasan del plano individual de ablación de derechos al plano general, de lo concreto a lo ordenancista y de futuro. En este esquema pensar que la simple mención a la competencia en el apartado 6 del artículo 8 iba a ser suficiente era esperar mucho. Empezaron las peticiones y los juzgados de contencioso-administrativo dijeron lo que pensaban (como siempre) y el resultado era que tenían diferente criterio. El problema no era soporte organizativo de la actuación, sino el resultado. Esto lleva a una modificación exprés que atribuye a las salas de lo contencioso-administrativo la competencia cuando las autorizaciones/ratificaciones son generales. El resultado fue, de nuevo, el no querido. No todas las salas piensan igual. La consecuencia que sea el Tribunal Supremo el que resuelva estas cuestiones en un procedimiento casacional simbólico que se caracteriza por la rapidez y por el conocimiento de esta materia al margen de que la cuestión sustantiva o de fondo pueda no corresponderle.

Se ha creado así un procedimiento sumario que afecta los elementos centrales de preservación de los derechos fundamentales pero que lo hace sin conocer el fondo de la cuestión planteada lo que constituye una vía de pronunciamientos muy ligada al caso concreto y a las circunstancias concurrentes que aleja las soluciones más o menos estables.

La preocupación por la improvisación de procedimientos ha dado paso a una preocupación más honda: la uniformidad como objetivo. Que la interpretación uniforme de las normas ayuda el operador jurídico es algo evidente pero que tiene como límite la idea de que sin la discrepancia no hay evolución ni transición de la jurisprudencia. En el momento en el que los algoritmos puedan sustituir completamente al humano-juzgador el sistema será más previsible, pero, desde luego, menos rico y atractivo para el resto de los humanos.

Esto nos lleva a indicar que el legislador debe producir los cambios que se precisen. Es su obligación. Pero debe hacer con sentido, con serenidad, con conocimiento, con fundamento y sin prejuicios. La aplicación de las normas es diversa y en la diversidad está la esencia de la justicia. No entender esto y esperar que la jurisdicción sea únicamente el instrumento de validación de las propias actuaciones es equivocar el plano de contrapeso que la justicia tiene sobre el poder político que, sin él, podría llegar a ser un poder sin límite lo que nos aleja del modelo constitucional y de la división de poderes como sistema de organización social.

Es probable que una cuestión no haya tenido la importancia que realmente tiene, en estos momentos. Los proyectos que se tramitan han transmutado la denominación de Poder Judicial por los de servicio público de la justicia. Puede ser que sea una simple coincidencia, pero la idea de poder constitucional aleja la justicia de un servicio público común que resulta competencia de la AGE en su establecimiento, funcionamiento y financiación.

La esencia del servicio público, como responsabilidad de la AGE, es que su funcionamiento se ajusta al principio jerárquico que rige el conjunto del funcionamiento administrativo. Realmente asegurar en este contexto la independencia funcional y de criterio resulta más complejo que si realmente los esfuerzos se dirigieran a organizar el poder judicial –en si mismo– con elementos de eficacia y de atención presupuestaria. Hay pocas actividades sociales tan importantes y con tan escasa dedicación en el cómputo del gasto. No tendremos la tentación de vincular gasto con calidad ni con funcionamiento del sistema, pero es evidente que, desde una perspectiva politológica, gasto (nivel de gasto público) es un claro indicador de importancia social de la actividad. Con esto y con los números de los años recientes se puede decir casi todo en materia organizacional.

La jurisdicción precisa de medios, de gestores, de aproximación a los tiempos y, finalmente, de respeto y comprensión de la diferencia y de la discrepancia. Sin esto corremos el riesgo de reformas sin parar en la búsqueda de una uniformidad que no está naturalmente vinculada a la función.

 

 

CONTENIDOS

 

TOMO I. PARTE GENERAL. LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS

Capítulo 1. Ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
1. Consideraciones de orden histórico
1.1. De carácter remoto
1.2. De carácter próximo: los antecedentes inmediatos
1.2.1. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956
1.2.2. La incidencia del Texto constitucional
1.2.3. Un apunte conceptual sobre el derecho a la tutela efectiva
1.2.4. La Ley Reguladora del Contencioso-Administrativo de 1998
2. Aproximación al régimen jurídico de las administraciones públicas como presupuesto de la actividad jurisdiccional contencioso-administrativa
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. Orgánico
A. Organismos Autónomos
B. Entidades Públicas Empresariales
2.1.2. Normativo
2.1.3. A modo de conclusión
2.2. La CE y la LOPJ de 1985: determinaciones generales sobre el control jurisdiccional de las administraciones públicas
2.3. La jurisdicción como requisito procesal: el plano específico
2.3.1. La jurisdicción desde una perspectiva sustantiva: las materias concretas sobre las que opera el control de las Administraciones Públicas
2.3.2. Desde una perspectiva territorial
2.4. El criterio de la LJCA/1998
2.4.1. En las Administraciones Públicas estrictamente consideradas
A. La Administración General del Estado
B. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas
C. Las Entidades que integran la Administración local
D. Las Entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales
2.4.2. Función administrativa de los órganos constitucionales o estatutarios
A. Actos de los órganos constitucionales o asimilados
B. Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578 y 2635)
C. La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (RCL 1985, 1463 y RCL 1986, 192)
2.4.3. Otros supuestos de ejercicio de funciones públicas no incluidas en las determinaciones anteriores
2.4.4. Otros condicionantes para el enjuiciamiento en el ámbito contencioso-administrativo
A. Disposiciones Generales de rango inferior a la ley
B. Decretos legislativos cuando excedan de la delegación
3. Concreción en el ámbito de la LJCA/1998: la perspectiva objetiva de carácter positivo
3.1. Derecho de carácter positivo
3.2. Materias excluidas
3.2.1. Colisión con el ámbito penal
3.2.2. Civil
3.2.3. Social
3.3. El recurso contencioso-militar
3.4. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración Pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración
4. La prejudicialidad como excepción al principio de conocimiento exclusivo de las materias de atribución expresa
4.1. Definición
4.1.1. Configuración general
4.1.2. El intento de configurar la prejudicialidad suspensiva en la dicotomía recursos directos-indirectos
4.2. Alcance real
4.2.1. En relación con el ámbito civil
4.2.2. Laboral
4.2.3. Penal
5. Tratamiento procesal de la jurisdicción o de su falta
5.1. Reglas comunes
5.2. Análisis de la formulación en los distintos trámites procesales
5.2.1. Trámite de interposición-admisión
5.2.2. Trámite de alegaciones previas
5.2.3. Contestación a la demanda sin trámite de alegaciones previas
5.2.4. Conclusiones o vista
5.2.5. Sentencia

Capítulo 2. Órganos y Competencias
1. Cuestión previa: la determinación de la demarcación judicial y la planta judicial
1.1. Planta judicial
1.1.1. Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578 y 2635)
1.1.2. Ley de Demarcación y Planta Judicial (RCL 1988, 2606 y RCL 1989, 1150)
A. Modificación de la planta por creación de nuevas unidades jurisdiccionales
B. Modificación de la Planta por transformación de la existente
C. Requisito común
1.2. Demarcación
1.2.1. Órganos con competencia en todo el Estado
1.2.2. Órganos con competencia territorial limitada
A. Tribunales Superiores de Justicia
B. Audiencias Provinciales y Juzgados
1.2.3. Sede
2. La conformación del orden jurisdiccional contencioso-administrativo
2.1. La competencia de los diversos órganos jurisdiccionales
2.1.1. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
2.1.2. Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
2.1.3. Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
2.1.4. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
2.1.5. Sala de lo Contencioso-
2.1.1. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
2.1.2. Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
A. La Ley de 1984
B. La Ley de 1994
2.1.3. Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
2.1.4. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
2.1.5. Sala de lo Contencioso-
2.1.1. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
2.1.2. Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
2.1.3. Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
2.1.4. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
2.1.5. Sala de lo Contencioso-
3. La determinación de la competencia territorial
3.1. Situación vigente
3.2. La situación tras la modificación de la LJCA (RCL 1998, 1741)

Capítulo 3. Constitución y Actuación de las Salas de lo Contencioso-Administrativo
1. Composición
1.1. Cuestión previa: la provisión de puestos entre magistrados
1.1.1. Órganos colegiados
1.1.2. Órganos unipersonales
1.2. Composición de los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo
1.2.1. Tribunal Supremo
1.2.2. Audiencia Nacional
1.2.3. Tribunales Superiores de Justicia
1.2.4. Reglas generales de distribución de asuntos
1.2.5. Reglas internas de funcionamiento: el reparto de ponencias
1.3. El buen orden de la actuación jurisdiccional
2. Régimen de actuación de los órganos judiciales
2.1. El tiempo y el lugar de las actuaciones judiciales
2.1.1. Ley Orgánica del Poder Judicial
A. Días inhábiles
B. La LECiv
2.1.2. La forma de las actuaciones judiciales
A. El principio de inmediación: la presencia judicial en las actuaciones procesales
B. La publicidad de las actuaciones orales
C. La lengua en los procesos
a. La regulación actual de la LOPJ
b. La LECiv
c. Los Estatutos de Autonomía
2.1.3. Constancia y fe pública en las actuaciones judiciales
A. Letrados de la Administración de Justicia
a. Funciones como titulares de la fe pública judicial
b. Funciones como responsables de la actividad de documentación
c. Funciones como impulsores y ordenadores del proceso
d. Funciones como directores técnico-procesales de la Oficina judicial
e. Funciones de colaboración y cooperación con otros órganos y Administraciones
f. Funciones de la policía de vistas
g. Otras funciones
h. La función de fe pública y documentación de actuaciones en el marco de la LECiv
3. La imparcialidad de los componentes de los órganos jurisdiccionales
3.1. La regulación en la LOPJ
3.1.1. Abstención
3.1.2. Recusación
3.1.3. De la abstención y recusación en la LECiv
4. La configuración de la oficina judicial
4.1. Consideraciones y principios generales de organización y funcionamiento de la Oficina Judicial
4.2. Referencias a la Oficina Judicial desde una perspectiva funcionarial
4.3. La organización de la Oficina Judicial
4.3.1. Unidad procesal de apoyo directo
4.3.2. Servicios comunes procesales
4.3.3. Régimen jurídico de la Oficina Judicial

Capítulo 4. Capacidad Procesal, Legitimación, Representación y Defensa
1. El proceso contencioso-administrativo: un proceso entre partes
1.1. Requisitos de las partes para la participación en el proceso. Consideraciones generales
1.2. La consideración de las partes en el proceso
1.2.1. Principio de igualdad
1.2.2. Audiencia de las partes
1.2.3. La proyección adicional de ambos principios: el derecho de defensa
1.2.4. La interpretación más favorable al interesado de las normas procesales
2. Capacidad procesal
3. Legitimación procesal
3.1. Legitimación activa: la condición de demandante
3.1.1. Supuesto habitual
3.1.2. Legitimación corporativa
3.1.3. Administraciones Públicas
3.1.4. La Administración instrumental
3.1.5. El Ministerio Fiscal
3.1.6. La acción popular en el ámbito administrativo
3.1.7. La propia Administración autora del acto administrativo objeto de impugnación
3.2. Legitimación pasiva: la condición de demandado
4. Representación y defensa de las partes
4.1. Reglas generales
4.1.1. Representación
4.1.2. Defensa
4.1.3. Reglas comunes
4.1.4. Órganos y entidades colegiadas
4.2. Representación y defensa de las Administraciones Públicas y órganos constitucionales
4.3. La justicia gratuita
4.3.1. Personas o entidades que tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita
4.3.2. Características sustantivas
4.3.3. Reconocimiento
4.3.4. Procedimiento para el reconocimiento
4.3.5. Contenido material del derecho
4.3.6. Extensión temporal
4.3.7. Recursos
4.3.8. Reconocimiento ex lege de la asistencia jurídica
5. El tratamiento procesal de la falta de capacidad, legitimación o defensa
5.1. El trámite del artículo 45 de la LJCA/1998 (RCL 1998, 1741)
5.2. El trámite del artículo 51 de la Ley Jurisdiccional
5.3. Trámite de alegaciones previas del artículo 58 de la LJCA/1998 (RCL 1998, 1741)
5.4. El trámite de Sentencia del artículo 69 de la LJCA/1998 (RCL 1998, 1741)

Capítulo 5. Objeto del Recurso Contencioso-Administrativo
1. Consideraciones generales
2. Actividad administrativa impugnable
2.1. Recurso contra disposiciones generales
2.1.1. Consideraciones generales
A. Administración General del Estado
a. Gobierno
b. Organismos vinculados o dependientes
c. Organismos independientes
B. Administración de las Comunidades Autónomas
C. Administración Local
D. Órganos Constitucionales y figuras asimiladas de las Comunidades Autónomas
a. Órganos constitucionales
b. Órganos similares en lo funcional de las Comunidades Autónomas
2.1.2. El recurso directo
2.1.3. Recurso indirecto
2.1.4. El juicio de inaplicación desde otros órdenes jurisdiccionales
A. Control de validez de la norma a aplicar
B. La cuestión prejudicial
a. Jurisdicción civil
b. Jurisdicción social
2.2. Requisitos para la impugnación directa
2.3. Recurso contra actos expresos o presuntos de las Administraciones Públicas
2.3.1. Actos expresos o presuntos de las Administraciones Públicas
A. Que sean definitivos
B. Que sean de trámite, si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparables a derecho o intereses legítimos.
a. Imposibilidad de la continuación del procedimiento
b. Decidir directa o indirectamente el fondo de la cuestión planteada en la vía administrativa
c. Lesión directa de derechos e intereses legítimos
2.3.2. Naturaleza específica de algunos actos
2.4. El recurso contencioso-administrativo fundado en la inactividad de la Administración
2.4.1. Inactividad administrativa declarativa de carácter prestacional
A. La inactividad como elemento sustantivo justificador de esta actuación procesal
B. El procedimiento previo para la reclamación de la inactividad
2.4.2. Inactividad administrativa ejecutiva
2.4.3. Efecto común a ambos tipos de procesos: las medidas de carácter cautelar
2.5. El recurso contra la vía de hecho
2.6. Actos impugnables que no proceden de las Administraciones Públicas
3. La cuestión de ilegalidad
4. Finalmente, la inimpugnabilidad de determinados actos
5. Los trámites procesales para el debate sobre la materia impugnable en el seno de un proceso concreto
5.1. El trámite del artículo 45 de la LJCA/1998
5.2. El trámite del artículo 51 de la Ley Jurisdiccional
5.3. El trámite de alegaciones previas del artículo 58 de la LJCA/1998
5.4. El trámite de Sentencia del artículo 69 de la LJCA/1998

Capítulo 6. Pretensiones de las Partes
1. Las pretensiones de las partes en el ámbito del recurso contencioso-administrativo
1.1. Anulación de actos y reconocimiento judicial de situaciones jurídicas individualizadas
1.1.1. Anulación
1.1.2. Reconocimiento de una situación jurídica individualizada
1.2. La pretensión en la vía de la inactividad administrativa
1.2.1. La inactividad como el objeto procesal al que se refiere la LJCA/1998 (RCL 1998, 1741)
1.2.2. La inactividad como pretensión fundamentalmente ejecutoria de las decisiones administrativas previas
1.3. La pretensión en la vía de hecho
1.4. Pretensiones no ejercitables
2. La congruencia como parte del derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales: la obligación de fallar dentro de los límites que marca la pretensión ejercida
2.1. Doctrina constitucional
2.2. Doctrina contencioso-administrativa
3. La acumulación
3.1. Acumulación de pretensiones
3.1.1. Acumulación objetiva
3.1.2. Acumulación subjetiva
3.1.3. Acumulación inicial
3.1.4. Acumulación sucesiva
3.1.5. Acumulación por reunión
3.2. Acumulación de procesos
3.2.1. Requisitos generales
3.2.2. Acumulación de procesos pendientes ante el mismo órgano jurisdiccional
3.2.3. Acumulación de procesos pendientes ante órganos jurisdiccionales diversos
3.3. El denominado proceso testigo

Capítulo 7. Cuantía del Recurso
1. Consideraciones generales
1.1. La fijación de la cuantía en proceso ordinario
1.1.1. Reglas procedimentales comunes de fijación de la cuantía
1.1.2. La valoración de la pretensión
A. Régimen común: el valor económico de la pretensión
B. Existencia de distintos demandantes o varias pretensiones en un mismo proceso
a. Existencia de varios demandantes
b. Existencia de varias pretensiones por acumulación o reunión (art. 41.3LJCA/1998 (RCL 1998, 1741))
c. Reglas especiales del ámbito contencioso-administrativo derivadas de la naturaleza y configuración de las pretensiones ejercitables en dicho ámbito
C. Reglas adicionales procedentes del Derecho supletorio
1.1.3. Momento procesal de determinación de la cuantía
1.2. La fijación de la cuantía en el procedimiento abreviado
2. La fijación de la cuantía como elemento modular de acceso a la segunda instancia
2.1. Consideraciones generales
2.2. La vinculación o no del órgano jurisdiccional conocedor del recurso por la cuantía fijada en instancia

Capítulo 8. Plazos
1. El régimen de plazos en el marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578 y 2635)
1.1. Días inhábiles
1.2. Inhabilidad del mes de agosto
2. La regulación de los plazos en el ámbito de la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)
2.1. Reglas generales
2.2. Presentación de los escritos en el servicio de guardia
3. El tratamiento específico en la LJCA/1998 (RCL 1998, 1741)
3.1. Reglas generales y especiales sobre la presentación de escritos en el ámbito del contencioso-administrativo
3.2. El mes de agosto
3.3. Habilitación de plazos

Capítulo 9. El Procedimiento Ordinario. Interposición
1. La declaración de lesividad
1.1. Concepto y naturaleza
1.2. Legitimación
1.3. Órgano competente
1.4. Requisitos
1.5. Efectos del tiempo en la declaración
2. El requerimiento previo entre administraciones
2.1. La colaboración entre Administraciones
2.2. Naturaleza jurídica del requerimiento
3. La iniciación del proceso
3.1. Introducción
3.2. Una visión general sobre la supletoriedad de la LECiv
3.3. Las excepciones a la regla general
3.3.1. El recurso de lesividad
3.3.2. El recurso contra disposiciones generales, acto, inactividad o vía de hecho cuando no existan terceros interesados
3.3.3. Otros supuestos
4. Documentos que han de acompañarse al escrito de interposición
4.1. El documento que acredite la representación del compareciente
4.2. El documento que acredite la legitimación del actor
4.3. Copia o traslado de la disposición o acto expreso que se recurra, o datos sobre la inactividad o la vía de hecho alegada
4.4. El documento que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas
5. Efecto de la interposición del recurso. La litispendencia
6. Plazo para la interposición del recurso
6.1. Cuestiones generales
6.2. Momento en que ha de examinarse el requisito
6.3. Cómputo de los plazos
6.4. Los distintos plazos que prevé el precepto
6.4.1. Recurso contra disposiciones de carácter general y actos expresos
6.4.2. Recursos contra actos presuntos
6.4.3. Recurso contra la inactividad de la Administración
6.4.4. Recurso contra una actuación en vía de hecho
6.4.5. La referencia al recurso de reposición
6.4.6. Recurso de lesividad
6.4.7. Recurso en caso de litigios entre Administraciones
7. El anuncio de la interposición. La publicación
7.1. Cuestiones generales
7.2. Supuestos legales
7.2.1. Anuncio a petición del recurrente
7.2.2. Anuncio de oficio
7.2.3. Anuncio preceptivo
7.3. El problema de los gastos de la publicación
8. La remisión del expediente y el emplazamiento
8.1. La reclamación del expediente y la forma en que ha de ser remitido
8.1.1. Remisión del expediente
A. Órgano competente
B. Excepción a la remisión
C. Forma en que ha de remitirse el expediente
D. Documentos clasificados como secreto oficial
E. El tiempo en que ha de remitirse el expediente y sus consecuencias
8.2. El emplazamiento
8.2.1. Cuestiones generales
8.2.2. Regulación legal
A. Emplazamiento de la Administración
B. Emplazamiento de los interesados
C. Comprobación de los emplazamientos
8.3. Personación de las partes
8.3.1. Personación de la Administración demandada
8.3.2. Personación de los demás demandados
8.3.3. La justificación de la rebeldía y sus efectos
9. La inadmisión del recur
9.1. Causas legales de inadmisión
9.1.1. La falta de jurisdicción o la incompetencia del Juzgado o Tribunal
9.1.2. La falta de legitimación del recurrente
9.1.3. Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación
9.1.4. Haber caducado el plazo de interposición del recurso
9.1.5. Desestimación en el fondo de sentencias sustancialmente iguales por sentencia firme
9.1.6. Supuesto de la inexistencia de vía de hecho
9.2. Procedimiento a seguir para declarar la inadmisión

Capítulo 10. El Procedimiento Ordinario. Demanda y Contestación
1. La demanda
1.1. Concepto y naturaleza jurídica
1.2. Efectos jurídicos de la demanda
2. Regulación legal de la interposición de la demanda
2.1. La importancia del expediente administrativo
2.2. La formalización de la demanda sin expediente
2.3. La facultad de completar el expediente
2.4. Plazo de interposición de la demanda
3. Contestación a la demanda
3.1. Plazo de la contestación
3.2. Suspensión del plazo por petición del defensor de la Administración
3.3. Contestación en caso de varios demandados
3.4. El supuesto de que la entidad demandada sea una entidad local
4. Forma de la demanda
4.1. Cuestiones generales
4.2. Principios generales sobre inadmisión de la demanda
4.3. Contenido de la demanda
5. La aportación de documentos
5.1. Supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Documentos procesales y documentos relacionados con el fondo del asunto
5.2. Forma de la presentación
5.3. Aportación de documentos fuera de la demanda o de la contestación
6. La celeridad del proceso. La posibilidad de que el pleito se falle sin el recibimiento a prueba
7. Las alegaciones previas
7.1. Cuestiones generales
7.2. Procedimiento
7.3. La resolución y sus efectos

Capítulo 11. El Procedimiento Ordinario. La Prueba
1. Concepto general y naturaleza jurídica de la prueba
2. La prueba en la LJCA/1998
3. Perspectiva constitucional de la prueba
4. La posibilidad de la prueba anticipada, y del aseguramiento de la prueba
4.1. Prueba anticipada
4.2. Aseguramiento de la prueba
5. La petición del recibimiento del proceso a prueba
6. El recibimiento del proceso a prueba
7. Objeto de la prueba
7.1. Prueba del derecho aplicable
7.1.1. La costumbre
7.1.2. El derecho extranjero
7.2. Hechos que no necesitan prueba
8. Proposición de la prueba
8.1. Forma y tiempo de la proposición
8.2. Requisitos
8.3. Pertinencia e inutilidad
8.4. Prueba ilícita
8.5. Otras cuestiones
9. Práctica de la prueba
9.1. Cuestiones generales
9.2. Los diferentes medios de prueba
9.2.1. El interrogatorio de las partes
9.2.2. El interrogatorio de testigos
9.2.3. El dictamen de peritos
9.2.4. La prueba documental
9.2.5. El reconocimiento judicial
9.2.6. Reproducción de la palabra, el sonido, y la imagen y de los instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso
9.2.7. La prueba de presunciones
9.2.8. La admisibilidad de medios electrónicos en la Administración de Justicia, y la práctica de la prueba
10. Carga de la prueba y valoración probatoria
10.1. Introducción
10.2. Respecto a la carga de la prueba
11. La prueba de oficio
11.1. Doctrina general
11.2. La conclusión del período de prueba
11.3. La vigencia del principio de contradicción
11.4. La excepcionalidad de la prueba pericial

Capítulo 12. El Procedimiento Ordinario. Conclusión y Vista
1. Naturaleza de este trámite
2. El período intermedio: la vista
2.1. Petición de la celebración de vista
2.2. Reglas comunes de la celebración de la vista
2.3. Como reglas esenciales procedentes de esta normativa supletoria
2.4. Falta de petición
3. El trámite intermedio por conclusiones
3.1. Doctrina general sobre el trámite de conclusiones
3.2. La cuestión central: la imposibilidad de incorporar cuestiones nuevas al proceso
3.3. Las dos excepciones: planteamiento de oficio de nuevas cuestiones por el Tribunal y posibilidad de reclamar daños y perjuicios
3.3.1. Motivos diferentes a los esgrimidos por las partes
3.3.2. Fijación de petición adicional de daños y perjuicios
4. La posibilidad de que no se adopte ninguna de las medidas anteriores
5. Del sentido de la sentencia en el ámbito de las impugnaciones directas de los reglamentos y disposiciones de carácter general
6. Continuación del proceso
6.1. Procedencia de las diligencias finales
6.2. Práctica e incorporación a los Autos

Capítulo 13. El Procedimiento Ordinario
1. El concepto de sentencia
2. El plazo para dictar sentencia: justificación, cómputo y excepciones
3. Los efectos del incumplimiento del plazo
3.1. Validez de la sentencia
3.2. La responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados
3.3. La eventual lesión del derecho a no padecer dilaciones indebidas
3.4. La responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia
4. La elaboración de la sentencia
4.1. El procedimiento de elaboración de la sentencia
4.2. Los pronunciamientos de la sentencia
4.2.1. La prelación de los pronunciamientos y el problema de los vicios de orden público
4.2.2. La inadmisión del recurso contencioso-administrativo
A. Los trámites de la declaración de inadmisibilidad
B. Las causas de inadmisibilidad del recurso
a. Falta de jurisdicción
b. Falta de capacidad, representación y legitimación
c. Inimpugnabilidad de actos, disposiciones o actuaciones
d. Cosa juzgada y litispendencia
e. Extemporaneidad
f. Otras causas de inadmisión
C. Consecuencias de la inadmisión del recurso
4.2.3. La desestimación del recurso
4.2.4. La estimación del recurso
5. Registro, notificación y publicidad de las sentencias
5.1. El libro de sentencias
5.2. La notificación de las sentencias
5.3. La publicidad de las sentencias
6. Forma y contenido de la sentencia
7. La motivación de las sentencias
7.1. Alcance y extensión
7.2. La motivación por remisión y la motivación de los actos administrativos
8. La congruencia
8.1. Los fundamentos de la congruencia
8.1.1. Una exigencia del derecho a la tutela judicial efectiva
8.1.2. Otros fundamentos
8.2. La incongruencia y sus clases
8.3. Criterios comparativos
9. La invariabilidad de las sentencias y las posibles rectificaciones

Capítulo 14. El Procedimiento Ordinario. Otros Modos de Terminación del Proceso
1. Introducción
1.1. Planteamiento
1.2. Naturaleza jurídica y clases
1.3. Regulación en la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)
2. El desistimiento
2.1. Introducción
2.2. Naturaleza jurídica
2.3. Regulación en la LJCA/1998 (RCL 1998, 1741)
2.3.1. El desistimiento en la instancia
2.3.2. El mal llamado desistimiento del recurso
2.4. Costas
2.5. La regulación en la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) y la renuncia a la acción
2.6. El desistimiento de las Administraciones autonómicas y de las Entidades locales
2.6.1. Administraciones Autonómicas
2.6.2. Entidades locales
3. El allanamiento
3.1. Concepto
3.2. Naturaleza jurídica
3.3. Su regulación en la LJCA/1998 (RCL 1998, 1741)
3.4. Efectos del allanamiento y examen de su legalidad. Regulación en la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)
3.5. La sentencia y la cuestión de las costas
3.6. El allanamiento vs. el reconocimiento de la pretensión en vía administrativa
4. Reconocimiento de la pretensión en vía administrativa
4.1. Concepto y requisitos
4.2. El pago de las costas
4.3. La regulación en la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)
5. La conciliación
5.1. Planteamiento
5.2. La conciliación en la Ley 39/2015 (RCL 2015, 1477), la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) y el Código Civil (LEG 1889, 27)
5.2.1. Ley 39/2015, de 1 de octubre (RCL 2015, 1477)
5.2.2. La Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)
5.2.3. El Código Civil (LEG 1889, 27)
5.3. Procesos en los que es aplicable la conciliación
5.4. Intervención del órgano jurisdiccional y capacidad de las partes
5.5. Materia objeto de conciliación
5.6. Efectos y ejecución del acuerdo transaccional
5.7. Recurribilidad de la resolución judicial que deniega la terminación del procedimiento
6. La desaparición de la caducidad de la instancia y la dudosa aplicación supletoria de la Leciv
7. Las normas autonómicas reguladoras del acuerdo o autorización necesarios para el desistimiento, allanamiento o transacción

Capítulo 15. El Procedimiento Abreviado
1. Introducción
1.1. El origen del procedimiento abreviado
1.2. El procedimiento abreviado y la LJCA/1998 (RCL 1998, 1741). La aplicación supletoria de la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)
2. Naturaleza y caracteres del procedimiento abreviado
3. Principios del procedimiento abreviado
3.1. Principio de oralidad
3.2. Principio de concentración
3.3. Principio de celeridad
3.4. Principio de inmediación
4. Asuntos a tramitar por el procedimiento abreviado
4.1. Introducción
4.2. Cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas
4.3. Cuestiones sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político
4.4. Asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje
4.5. Cuestiones cuya cuantía no supere los treinta mil euros (30.000 €)
4.6. Recursos planteados contra la inactividad de la Administración consistente en no ejecutar sus actos firmes
5. Determinación de la cuantía
6. Iniciación
6.1. La demanda
6.2. Los documentos a acompañar junto con la demanda
6.3. Las medidas cautelares
6.4. La admisión de la demanda
6.4.1. Examen de la jurisdicción y la competencia objetiva
6.4.2. El decreto de admisión
6.5. La reclamación, remisión y recepción del expediente
6.6. El emplazamiento, y personación, de los interesados
6.7. Resolución del recurso sin vista: el procedimiento abreviadísimo.
7. El juicio o vista oral
7.1. Comparecencia de las partes y apertura del juicio
7.2. Contestación a la demanda
7.2.1. Sin haberse recibido el expediente administrativo
7.2.2. Orden en el caso de ser varias las partes demandadas o codemandadas
7.2.3. Las excepciones procesales
7.2.4. Inadecuación del procedimiento
7.3. Los hechos y su prueba
7.3.1. Facultades del órgano jurisdiccional
7.3.2. Solicitud y práctica de pruebas anticipadas y de auxilio judicial
7.3.3. Conformidad sobre los hechos
7.3.4. Disconformidad sobre los hechos
7.3.5. Prueba que no pueda practicarse en el acto del juicio
7.3.6. Recurribilidad de las decisiones judiciales en materia de prueba
7.3.7. La prueba documental
7.3.8. Reglas especiales para ciertos medios de prueba
7.3.9. Valoración de la prueba
7.4. Las conclusiones
7.5. La documentación de la vista y el acta del juicio
8. Diligencias finales y planteamiento de cuestión nueva
9. La sentencia
9.1. Contenido
9.2. Plazo
9.3. Costas
9.4. Indicación de su carácter firme o recurrible
9.5. Aclaración de la sentencia
9.6. La extensión del fallo a terceros
9.7. Recursos contra las sentencias
10. Otros modos de terminación del procedimiento abreviado

Capítulo 16. El procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos
1. Concepto
1.1. Configuración
1.2. Base Constitucional
1.3. Regulación
1.4. Naturaleza
1.5. Características
1.5.1. Especial
1.5.2. Sumario
1.5.3. Preferente
1.5.4. Requisito de admisibilidad para el amparo constitucional
2. Objeto
2.1. Delimitación
2.2. Determinación
3. Procedimiento
3.1. Plazo de interposición
3.2. Escrito de interposición
3.3. Reclamación del expediente
3.4. Emplazamiento interesados
3.5. Admisión e inadmisión del recurso
3.5.1. Regulación
3.5.2. Supuestos
3.5.3. Admisión
3.5.4. Comparecencia
3.5.5. Inadmisión
3.6. Demanda
3.7. Medidas cautelares
3.8. Alegaciones demandado
3.9. Intervención Ministerio Fiscal
3.10. Prueba
4. Sentencia
5. Recursos
5.1. Regulación
5.2. Sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
5.3. Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo
5.4. Autos
5.5. Decretos
6. Derecho de reunión
6.1. Regulación específica
6.2. Contenido
6.3. Procedimiento
6.3.1. Presupuestos
6.3.2. Competencia
6.3.3. Legitimación
6.3.4. Plazo
6.3.5. Tramitación
6.3.6. Resolución
6.4. Recursos
7. Derechos de la sociedad de la información y propiedad intelectual
7.1. Regulación específica
7.2. Contenido
7.3. Procedimiento
7.3.1. Objeto
7.3.2. Competencia
7.3.3. Solicitud
7.3.4. Identificación del responsable
7.3.5. Ejecución de medidas
7.4. Recursos
8. Autorización judicial en transferencias internacionales de datos
8.1. Regulación específica
8.2. Procedimiento
8.2.1. Objeto
8.2.2. Competencia
8.2.3. Solicitud y partes
8.2.4. Admisión
8.2.5. Alegaciones y prueba
8.3. Resolución
8.4. Recursos
9. Autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales
9.1. Regulación específica
9.1.1. Incorporación al texto legal
9.1.2. La previsión legal y su contexto
9.2. La atribución de la competencia para autorizar o ratificar medidas sanitarias a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
9.2.1. La atribución de la competencia
9.2.2. La atribución a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
9.2.3. La atribución a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativa
9.3. Una reforma necesaria que, como en otras muchas ocasiones, se lleva a cabo por las circunstancias
9.3.1. El estado de alarma y la autorización y ratificación de medidas sanitarias
9.3.2. La reforma del sistema: el reparto de esta competencia entre los diferentes órganos que integran la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
9.4. Procedimiento y efectos
10. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado
10.1. Procedimiento especial específico
10.2. Objeto del procedimiento especial para la garantía de unidad de mercado
10.3. Procedimiento
11. Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos

Capítulo 17. El procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos
1. Introducción. El marco de la suspensión previa de acuerdos
2. El ámbito de aplicación del procedimiento en los casos de suspensión administrativa de acuerdos
2.1. Introducción
2.2. Suspensión de actos y acuerdos de las corporaciones locales que atenten gravemente contra el interés general de España
2.3. Suspensión de actos y acuerdos de los órganos colegiados de los Organismos de Cuenca contrarios a la legislación o a la planificación hidrológica
2.4. Suspensión de licencias de obras en infracción del ordenamiento urbanístico
2.5. Suspensión de actos y acuerdos de las corporaciones locales que infrinjan la Ley de Costas
3. Naturaleza y objeto del procedimiento en los casos de suspensión administrativa de acuerdos
4. La competencia para el conocimiento del procedimiento. Legitimación
5. La tramitación del procedimiento en los casos de suspensión administrativa de acuerdos
5.1. Iniciación del procedimiento
5.2. Plazos
5.3. Instrucción
6. Sentencia. Efectos y recursos contra la misma

 

TOMO II. RECURSOS, EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y DISPOSICIONES COMUNES

Capítulo 1. Recurso de súplica, de apelación contra autos, de queja y recursos frente a resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia
1. Los recursos en la jurisdicción contencioso-administrativa
1.1. Justificación de las decisiones judiciales y los recursos
1.2. El derecho a los recursos y la tutela judicial efectiva
1.3. El sistema de recursos en el orden contencioso-administrativo
1.3.1. Breve historia reciente del sistema de recursos contencioso-administrativos
1.3.2. El sistema de recursos de la Ley 29/1998, de 13 de julio (RCL 1998, 1741), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
2. El recurso de súplica
2.1. Concepto
2.2. Naturaleza jurídica
2.2.1. Recurso ordinario
2.2.2. Recurso no devolutivo
2.2.3. Recurso sin efecto suspensivo
2.3. Requisitos subjetivos
2.3.1. Órgano jurisdiccional competente
2.3.2. Partes legitimadas
2.4. Requisitos objetivos
2.4.1. Resoluciones recurribles
A. Providencias
B. Autos
2.4.2. Plazo de interposición
2.5. Procedimiento
2.5.1. Interposición
A. Forma: Escrito de interposición
B. Contenido del escrito de súplica
2.5.2. Sustanciación
A. Admisión del recurso de súplica
B. Audiencia de las demás partes personadas
2.5.3. Decisión
A. Desestimación del recurso de súplica
B. Estimación del recurso de súplica
2.6. Las costas de la súplica
3. El recurso de apelación frente a autos
3.1. Concepto
3.2. Naturaleza jurídica
3.3. Requisitos subjetivos
3.3.1. Órgano jurisdiccional competente
3.3.2. Partes legitimadas
3.3.3. Postulación
3.4. Requisitos objetivos
3.4.1. Resoluciones recurribles
3.4.2. Plazo de interposición
3.5. Procedimiento
3.5.1. Interposición
A. Forma de interposición
B. Contenido del escrito de apelación frente a un auto
3.5.2. Sustanciación
A. Tramitación ante el órgano unipersonal «a quo»
B. Tramitación ante el Tribunal «ad quem»
a. Petición del recibimiento a prueba por parte legitimada
b. Necesidad de la prueba en relación con la resolución recurrida
c. Concurrencia de los presupuestos legalmente establecidos para el recibimiento a prueba en sede de apelación
3.5.3. Decisión
3.6. Las costas de la apelación
4. El recurso de queja
4.1. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el recurso de queja
4.1.1. La supletoriedad de la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) en el recurso de queja
4.1.2. Supuestos de queja en el orden contencioso-administrativo
4.2. Concepto y naturaleza jurídica del recurso de queja
4.2.1. Concepto y finalidad de la queja
4.2.2. Naturaleza jurídica del recurso de queja
4.3. Órgano competente
4.4. Resoluciones recurribles
4.5. Procedimiento
4.5.1. Interposición del recurso
A. Plazo de interposición
B. Escrito de interposición del recurso de queja
4.5.2. Sustanciación
4.5.3. Decisión
A. Acordar la inadmisibilidad de la queja
B. Acordar la desestimación de la queja formulada
C. Acordar la estimación de la queja planteada
4.6. Las costas de la queja
5. Los recursos contra las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia
5.1. Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia
5.1.1. Clases de resoluciones del Letrado de la administración de justicia
5.1.2. Forma de las resoluciones del Letrado de la administración de justicia judicial
5.1.3. Nulidad de las actuaciones del Letrado de la administración de justicia
5.2. Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la administración de justicia
5.2.1. El recurso de reposición
5.2.2. El recurso de revisión de decretos

Capítulo 2. Recurso Ordinario de Apelación
1. Consideraciones generales
1.1. La apelación en el sistema de recursos contencioso-administrativo
1.2. La aplicación supletoria de la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) en el recurso de apelación
2. Concepto de apelación
3. Naturaleza jurídica de la apelación
3.1. Apelación y doble instancia
3.1.1. Apelación y doble instancia
3.1.2. Apelación plena y apelación limitada: modelos teóricos
3.1.3. Apelación plena y apelación limitada: su implantación práctica
3.1.4. Recurso de apelación e infracciones procesales
3.1.5. El modelo del recurso de apelación contencioso-administrativo
3.2. Caracteres del recurso de apelación
3.2.1. Recurso ordinario
3.2.2. Recurso devolutivo
3.2.3. Recurso de apelación y efecto suspensivo
4. Requisitos subjetivos
4.1. Órgano jurisdiccional competente
4.2. Partes legitimadas
4.3. Postulación
5. Requisitos objetivos
5.1. Resoluciones recurribles
5.2. La cuantía mínima para recurrir en apelación
5.2.1. Momento y forma de fijación de la cuantía litigiosa
5.2.2. Reglas de valoración de la cuantía litigiosa
A. Regla común o general: el valor económico de la pretensión
B. Reglas específicas de cómputo para el proceso contencioso-administrativo
C. Reglas para los casos de varios demandantes o pluralidad de pretensiones en un proceso
D. Reglas para los casos de cuantía indeterminada
5.2.3. Cuantía mínima y posibilidad de acceso al recurso
A. Concepto y finalidad de la cuantía mínima para recurrir
B. Tratamiento jurídico procesal del requisito de la cuantía mínima para recurrir
a. La cuantía mínima es un requisito controlable de oficio
b. La cuantía legalmente fijada para recurrir es el mínimo exigible
c. Especiales características que presenta la valoración de la cuantía litigiosa a efectos de acceso al recurso
5.2.4. Plazo de interposición
6. Procedimiento
6.1. Interposición
6.1.1. Forma de interposición
6.1.2. Contenido del escrito de apelación
A. La identificación de la resolución recurrida
B. Las alegaciones en que se fundamente el recurso
C. El gravamen o perjuicio causado por la sentencia recurrida
D. La solicitud del recibimiento a prueba
E. La designación de un domicilio para notificaciones
6.2. Sustanciación
6.2.1. Tramitación ante el órgano unipersonal «a quo»
A. Admisión del recurso
a. Presentación del recurso fuera del plazo legalmente previsto
b. Presentación del escrito de interposición ante un órgano sin competencia
c. Que la resolución recurrida sea susceptible de ser apelada
d. Que el escrito de interposición del recurso carezca de un verdadero contenido de apelación
B. Traslado a las demás partes personadas
C. La actuación de las partes personadas: la oposición y la adhesión a la apelación planteada
a. La alegación de indebida admisión del recurso de apelación
b. La oposición a la apelación que se pretenda con el recurso
c. Solicitud del recibimiento a prueba en apelación
d. La adhesión a la apelación promovida
e. Solicitud de vista, de conclusiones o que se declare el pleito concluso para sentencia
f. Designación de un domicilio para notificación
D. Remisión de los autos al Tribunal «ad quem»
6.2.2. Tramitación ante el Tribunal «ad quem»
A. Decisión definitiva sobre la admisión del recurso
B. Decisión sobre el recibimiento a prueba en el recurso de apelación
a. Petición del recibimiento a prueba por parte legitimada
b. Necesidad de la prueba en relación con la resolución recurrida
c. Concurrencia de los presupuestos legalmente establecidos para el recibimiento a prueba en sede de apelación
C. Decisión sobre la forma de tramitación del recurso de apelación
D. Práctica de la prueba admitida en apelación
E. Celebración de trámite de conclusiones
6.3. Decisión
6.3.1. Plazo para dictar la sentencia de apelación
6.3.2. Contenido de la sentencia de apelación
6.3.3. Límites a la decisión del tribunal «ad quem»
A. El principio de congruencia
B. La prohibición de reforma peyorativa
C. La prohibición de «mutatio libelli»: imposibilidad de conocimiento sobre motivos o cuestiones nuevas
6.3.4. Pronunciamientos de la sentencia de apelación
A. La sentencia de apelación frente a la alegación de infracciones procesales
a. Cuando la infracción procesal se ha cometido al dictar la sentencia «a quo»
b. Cuando la infracción procesal se haya cometido durante la tramitación del proceso
B. La sentencia de apelación frente a las alegaciones de fondo
7. Recurso de apelación y ejecución de la sentencia
7.1. La ejecución provisional de las sentencias apeladas
7.2. Las medidas para asegurar la ejecución de la sentencia apelada
8. Las costas de la apelación

Capítulo 3. El recurso de casación
1. Consideraciones generales
1.1. Breves apuntes históricos sobre el origen de la casación
1.2. La casación en el sistema de recursos del orden contencioso-administrativo
1.3. La aplicación supletoria de la LECIV en el recurso de casación
2. Concepto y naturaleza jurídica
2.1. Recurso extraordinario
2.2. Recurso devolutivo
2.3. Recurso de casación y efecto suspensivo
3. Función del recurso de casación
4. Requisitos subjetivos
4.1. Órgano jurisdiccional competente
4.2. Partes legitimadas
4.3. Postulación
5. Requisitos objetivos
5.1. Resoluciones recurribles
5.1.1. Sentencias
A. Regla general (artículo 86.1LJCA/1998 (RCL 1998, 1741))
B. Sentencias excluidas de recurso de casación
a. Sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión
b. Sentencias dictadas en procesos contencioso-electorales
C. Sentencias no recurribles atendiendo al Derecho aplicado (artículo 86.3)
5.1.2. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas
A. Órgano competente para conocer de este recurso de casación
B. Legitimación para recurrir
C. Resoluciones recurribles en este recurso de casación
a. Sentencias del Tribunal
b. Autos
D. Motivos de casación
E. Procedimiento aplicable
5.1.3. Autos recurribles
A. Presupuestos generales para recurrir en casación frente a un auto
B. Autos susceptibles de recurso de casación
a. Autos que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación
b. Autos que pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares
c. Autos recaídos en ejecución de sentencia
d. Autos dictados en el caso previsto en el artículo 91
e. Autos dictados en aplicación de los artículos 110 y 111
5.2. La no necesidad de cuantía mínima para recurrir en casación
5.3. Motivo de casación
5.3.1. Consideraciones generales
5.3.2. Infracción del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia
A. Infracción del ordenamiento jurídico
a. Infracción de normas sustantivas
b. Infracción de normas y garantías procesales
B. Infracción de la jurisprudencia
C. Casación y juicio de hecho: la integración de los hechos probados
5.3.3. Los motivos especiales para la casación frente a los autos dictados en ejecución de sentencia
5.4. El interés casacional
5.4.1. Consideraciones generales
5.4.2. Concepto de interés casacional objetivo
5.4.3. Examen y apreciación del interés casacional
5.4.4. Circunstancias legalmente previstas para apreciar el interés casacional
5.4.5. Presunciones legales de interés casacional
5.5. Requisitos formales del recurso de casación
5.5.1. Consideraciones generales
5.5.2. Normas para los escritos de interposición y oposición de los recursos de casación dirigidos a la Sala Tercera del Tribunal Supremo
5.5.3. Criterios orientadores respecto de los escritos de preparación (art. 89.2LJCA (RCL 1998, 1741)) y de oposición a la admisión (art. 89.6 LJCA)
5.5.4. Criterios orientadores para los escritos de alegaciones
5.5.5. Efectos del incumplimiento de las normas o criterios orientadores del Acuerdo de 19 de abril de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
6. Procedimiento
6.1. Tramitación ante el órgano a quo
6.1.1. Preparación
A. Plazo para la preparación del recurso de casación
B. El escrito de preparación del recurso de casación
C. Imposibilidad de simultanear preparación de un recurso de casación con interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
6.1.2. Examen de la preparación por el órgano a quo
6.2. Tramitación ante el Tribunal ad quem
6.2.1. Personación de las partes y admisión del recurso
A. Personación de las partes
B. La admisión del recurso
6.2.2. La interposición del recurso
A. Plazo de interposición del recurso
B. El escrito de interposición
C. La inadmisión del escrito de interposición
6.2.3. Oposición a la casación
6.2.4. Vista
6.3. Decisión
6.3.1. Plazo para dictar la sentencia de casación
6.3.2. Contenido de la sentencia de casación
A. El principio de congruencia
B. La prohibición de reforma peyorativa
C. Los posibles contenidos de la sentencia de casación
7. Recurso de casación y ejecución provisional de las sentencias recurridas
7.1. Consideraciones generales
7.2. La ejecución provisional de las resoluciones sometidas a casación
8. Las costas de la casación
9. Modalidad especial de casación frente a los autos de autorización o ratificación de medidas sanitarias generales que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales

Capítulo 4. De la Revisión de Sentencias
1. Introducción
2. Naturaleza jurídica
3. Regulación
4. Requisitos de la revisión
4.1. Requisitos subjetivos
4.1.1. Órgano jurisdiccional competente para su resolución
4.1.2. Las partes
4.2. Requisitos objetivos
4.2.1. Resoluciones recurribles
4.2.2. Motivos de la revisión.
A. Si después de pronunciada se recobrasen documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado
B. Si hubiere recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquélla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase después
C. Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieran sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
D. Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta
E. Que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que una resolución firme ha sido dictada en violación de uno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo.
4.3. Requisitos de actividad
4.3.1. Plazo
4.3.2. Depósito
5. Procedimiento de la revisión
5.1. Demanda
5.2. Efectos de la presentación de la demanda
5.3. Sustanciación
6. Sentencia
7. La revisión en materia de responsabilidad contable

Capítulo 5. La Ejecución de las Sentencias
1. Introducción
2. La ejecución de las sentencias y el derecho a la tutela judicial efectiva
3. La nulidad de pleno derecho de los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias
4. La ejecución voluntaria de las sentencias
4.1. Requisitos subjetivos: el órgano judicial y las partes
4.2. Requisitos objetivos
4.2.1. Que la sentencia sea firme
4.2.2. Que la Administración no alegue imposibilidad material o legal de ejecutar el fallo o acuerde la expropiación de los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la misma
4.2.3. 4.2.3 La ejecución de las sentencias ha de ajustarse a lo establecido en el fallo de la misma, ha de hacerse pues en sus propios términos.
4.3. Procedimiento
4.4. Ejecución de las sentencias
4.4.1. Sentencias desestimatorias de la pretensión
4.4.2. Sentencia declarando la nulidad de una disposición de carácter general
4.4.3. Sentencia estimatoria de la pretensión de anulación de un acto administrativo
4.4.4. Sentencia reconociendo una situación jurídica individualizada
A. Sentencias que obligan a la Administración a ejecutar una conducta que no consista en la entrega de una cantidad de dinero
B. Sentencias que condenan a la Administración al pago de una cantidad de dinero
C. Sentencias estimatorias de una pretensión deducida en relación con la inactividad de la Administración
D. Sentencia estimatoria de una pretensión deducida en relación a una actuación constitutiva de vía de hecho
5. Suspensión e inejecución de sentencias
5.1. Introducción
5.2. La imposibilidad de ejecución del fallo de las sentencias
5.2.1. Requisitos subjetivos establecidos en la norma
5.2.2. Requisitos objetivos
5.2.3. Procedimiento
5.2.4. Resolución del incidente
5.3. La expropiación de los derechos e intereses legítimos reconocidos en la sentencia
6. La condena a la Administración al pago de una cantidad líquida de dinero
6.1. Planteamiento del problema de las ejecuciones dinerarias contra la Administración
6.2. Régimen de la LJCA
6.2.1. El carácter ampliable de los créditos presupuestarios
6.2.2. La fijación de un plazo para la modificación presupuestaria
6.2.3. El pago de los intereses de demora
6.2.4. Fijación del día inicial para el devengo de intereses
6.2.5. El trastorno grave para la Hacienda Pública como causa de modificación del cumplimiento de las sentencias en sus propios términos
6.2.6. El pago de cantidad líquida efectuado en ejecución provisional de sentencias
6.2.7. La compensación de créditos
7. Ejecución forzosa de sentencias que condenan a la administración a dictar un acto o a realizar una determinada actividad
7.1. Introducción
7.2. Ejecuciones que consistan en entregar alguna cosa
7.3. Ejecuciones que consistan en un hacer o en un no hacer
7.4. Modalidades de ejecución forzosa
7.4.1. Ejecución por medios judiciales
7.4.2. Ejecución por medios administrativos
7.4.3. Ejecución por terceros
7.5. La reacción frente a actos y disposiciones que contravienen lo dispuesto en las sentencias
7.6. Las medidas indirectas para hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias
7.6.1. Las multas coercitivas
7.6.2. La exigencia de responsabilidad civil
7.6.3. La exigencia de responsabilidad penal
8. El proceso incidental en la ejecución de sentencias
8.1. Introducción
8.2. Legitimación para plantear el incidente de ejecución
8.3. Objeto del incidente de ejecución
8.4. Tramitación del incidente de ejecución
9. La ejecución del acuerdo de conciliación

Capítulo 6. La Extensión a Terceros de los Efectos de la Sentencia
1. Introducción
2. Regulación de la extensión de los efectos de la sentencia en la Ley de lo Contencioso de 1998.
3. Naturaleza jurídica del procedimiento previsto en el artículo 110 de la LJCA
4. Requisitos para poder instar la extensión
5. Procedimiento para la extensión de los efectos de la sentencia a terceros
6. La extensión de los efectos de la sentencia a los demandantes en los procesos suspendidos en aplicación del artículo 37.2
6.1. Breve referencia al procedimiento previsto en el artículo 37.2
6.2. Requisitos para la extensión de los efectos de la sentencia

Capítulo 7. La Cuestión de Ilegalidad
1. Introducción
2. La cuestión de ilegalidad: origen, competencia y finalidad
2.1. La cuestión de ilegalidad como novedad en la LJCA de 1998 (RCL 1998, 1741): origen y contexto
2.2. Regulación, competencia y finalidad de la cuestión de ilegalidad
2.2.1. La regulación
2.2.2. La finalidad de la cuestión de ilegalidad
2.3. Similitudes y diferencias de la cuestión de ilegalidad con otros procesos
2.3.1. Los términos del control normativo
2.3.2. Control normativo suspensivo o no suspensivo
2.3.3. La Jurisdicción y el orden jurisdiccional del órgano judicial decisor
2.3.4. El carácter obligatorio versus potestativo del proceso de control normativo
3. El objeto de la cuestión de ilegalidad
4. El procedimiento de la cuestión de ilegalidad
4.1. La primera fase: el planteamiento de la cuestión de ilegalidad
4.1.1. El plazo para el planteamiento de la cuestión de ilegalidad
4.1.2. La forma del planteamiento de la cuestión de ilegalidad
4.1.3. Emplazamiento de las partes
4.1.4. La publicación del planteamiento de la cuestión de ilegalidad
4.2. La segunda fase: admisión y resolución de la cuestión de ilegalidad
4.2.1. El trámite de admisión ante el órgano «ad quem»
A. La ausencia de algún requisito procesal relativo al objeto
B. Otros supuestos de inadmisión relativos al órgano judicial «a quo» o «ad quem»
C. La excepción de cosa juzgada ante la declaración previa de nulidad del precepto impugnado
D. Inadmisión por la desestimación de otras cuestiones de ilegalidad sustancialmente idénticas
E. La ilegalidad basada en simples vicios formales
F. La derogación de la disposición no conlleva siempre la pérdida sobrevenida del objeto
4.2.2. Controversias sobre la irrecurribilidad del auto de inadmisión
4.2.3. Alegaciones de las partes
A. Contenido de los escritos: alegaciones y prueba
B. Diligencias excepcionales para mejor proveer
4.2.4. La sentencia de la cuestión de ilegalidad
A. Eficacia de la sentencia: sentencia estimatoria y desestimatoria de la cuestión de ilegalidad

Capítulo 8. Incidentes e Invalidez de las Actuaciones Procesales
1. Los incidentes y la invalidez de actuaciones en la LJCA
1.1. Introducción
1.2. Los incidentes de actuaciones en la LJCA
1.2.1. Cuestiones incidentales previstas expresamente en la LJCA
1.2.2. Cuestiones incidentales sin regulación propia en la LJCA
A. Competencia: órgano judicial del proceso principal
B. Planteamiento: por escrito, indicando su clase y proponiendo prueba pertinente
C. Traslado y alegaciones de las restantes partes por plazo de 5 días
D. Vista
E. Resolución
2. Los actos procesales y su validez
2.1. Regulación
2.2. Los actos procesales y su validez
3. La regulación de la validez en general de los actos procesales en general: la nulidad, anulabilidad e irregularidad
4. Las vías para invocar la nulidad de los actos procesales
4.1. El incidente de nulidad de actuaciones
4.2. La repercusión del incidente de nulidad de actuaciones en la interposición del amparo constitucional
4.3. La esperanzas puestas en la reforma de la nulidad de actuaciones

Capítulo 9. Medidas Cautelares
1. Planteamiento inicial
1.1. Doctrina constitucional
1.2. La tutela cautelar en el ámbito de la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)
1.2.1. Presupuestos generales
A. La petición de parte
B. El análisis de oficio de la competencia
1.2.2. Características generales de las medidas cautelares
1.2.3. La justificación material de la adopción de medidas cautelares
2. Régimen jurídico de las medidas cautelares en el ámbito del contencioso-administrativo
2.1. Momento procesal de petición
2.2. Justificación de la adopción de medidas
2.3. Alcance temporal de las medidas
2.4. Procedimiento para la adopción
2.4.1. El procedimiento para la adopción
2.4.2. Los efectos de la medida
2.5. El aseguramiento de los daños que pueda causar la adopción de la medida cautelar
3. Adopción de medidas cautelarísimas
4. Las medidas cautelares en los supuestos de inactividad de la administración pública y vía de hecho
5. Régimen de recurso de los autos

Capítulo 10. Las costas procesales
1. Consideraciones generales. Antecedentes y evolución de la institución
2. Costas y gastos del proceso. Conceptos que comprenden
3. Las costas en primera o única instancia. El principio del vencimiento
4. Las costas en los recursos
5. La facultad jurisdiccional para determinar y limitar la cuantía de las costas procesales en caso de condena
6. La posición de la administración respecto de las costas procesales. Reglas adicionales en la jurisdicción contenciosa
7. Referencia a la tasación de costas
8. Otros gastos procesales. Referencia a las tasas

 

Formularios

1. Escrito de alegaciones ante la falta de jurisdicción
2. Escrito de comparecencia ante otro orden jurisdiccional (Modelo Civil)
3. Escrito de comparecencia ante otro orden jurisdiccional (Modelo Laboral)
4. Escrito de emplazamiento ante órgano competente
5. Alegaciones de parte en cuestión de competencia
6. Escrito de personación tras declaración de incompetencia por exposición razonada
7. Escrito de personación ante Tribunal no superior al incompetente
8. Escrito de personación tras la declaración de inadmisión por incompetencia
9. Escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo
10. Cuando la impugnación tiene por objeto un acto o resolución de carácter expreso con solicitud de medida cautelar
11. Interposición en los supuestos de acto presunto
12. Cuando el proceso tiene por objeto una inactividad de la Administración
13. Cuando el objeto de recurso sea derivado de una vía de hecho
14. Escrito de personación en autos de los interesados
15. Escrito del codemandado personándose en los autos
16. Escrito de alegaciones en el trámite de admisión del recurso contencioso-administrativo
17. Escritos de recusación
18. Escritos de parte de oposición a la recusación
19. Escrito compareciendo en autos persona distinta de la que se inicia el procedimiento por habérsele transmitido la relación jurídica de la que tiene causa el recurso
20. Formulario solicitando asistencia jurídica gratuita
21. Asistencia jurídica gratuita: Escrito de renuncia a la designación de abogado y procurador de oficio habiéndose concedido el derecho de asistencia jurídica gratuita
22. Asistencia jurídica gratuita: Escrito presentado ante el secretario de la Comisión por el litigante contrario al solicitante de asistencia jurídica gratuita en que impugna la resolución de la referida comisión, desestimatoria de este derecho
23. Asistencia jurídica gratuita: Escrito solicitando la suspensión del procedimiento, hasta que recaiga resolución por la Comisión de asistencia jurídica gratuita
24. Asistencia jurídica gratuita: Escrito presentado ante el secretario de la Comisión por el solicitante de asistencia jurídica gratuita en que impugna la resolución de la referida comisión, denegatoria de este derecho
25. Escrito de la parte recurrente fijando la cuantía
26. Escrito solicitando ampliación del recurso al desestimarse expresamente el recurso de alzada después de la desestimación presunta por silencio administrativo
27. Escrito solicitando la ampliación del recurso contencioso-administrativo a otro acto administrativo conexo
28. Escrito del Representante de la Administración oponiéndose a la ampliación
29. Escrito solicitando la acumulación de autos
30. Escrito impugnando la solicitud de acumulación de recursos instada por la otra parte
31. Demanda
32. Solicitud de formulación de la demanda sin tener a la vista el expediente administrativo
33. Solicitud de suspensión por no ajustarse a derecho las actuaciones administrativas
34. Contestación a la demanda por la Administración demandada
35. Designación de representante y contestación a la demanda por la Administración
36. Oposición de la entidad local sin designación de representante
37. Escrito de petición de completación del expediente
38. Contestación a la demanda
39. Presentación de documentos esenciales después de formalizada la demanda o la contestación a la misma
40. Escrito de exclusión de la fase probatoria
41. Escrito de alegaciones previas (sin formalización de contestación a la demanda)
42. Escrito contestación/subsanación de los defectos procesales indicados en las alegaciones previas
43. Escrito de solicitud de nuevas pruebas tras la contestación a la demanda
44. Proposición de medios de prueba para subsanar no haberlo hecho en el escrito de demanda o de contestación, como es preceptivo
45. Lista de testigos
46. Alegaciones sobre el resultado de la prueba
47. Escrito de alegaciones sobre extensión de la prueba pericial practicada en un proceso a otro/s distinto/s
48. Otrosí solicitando celebración de vista a incluir en escritos de demanda o contestación
49. Solicitud de celebración de vista
50. Escrito de conclusiones del demandante
51. Otrosí a incluir en el escrito de conclusiones solicitando la práctica de alguna diligencia de prueba no practicada en el momento procesal adecuado
52. Alegaciones sobre hechos relevantes para las partes no apreciados por las mismas
53. Recurso directo contra disposiciones generales
54. Escrito solicitando aclaración de concepto oscuro
55. Escrito solicitando complemento con pronunciamiento omitido
56. Solicitando rectificación de errores manifiestos, y aritméticos
57. Escrito solicitando subsanación de omisiones o defectos
58. Desistimiento
59. Escrito por el que se plantea el allanamiento
60. Escrito por el que se pone en conocimiento el Tribunal que se han reconocido totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante
61. Escrito de las partes proponiendo acuerdo transaccional
62. Demanda en procedimiento abreviado
63. Demanda específica en el supuesto del artículo 29.2 de la LJCA/1998
64. Recurso de apelación contra sentencias
65. Recurso de reposición
66. Impugnación del recurso de reposición/súplica
67. Recurso de apelación contra Autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en procesos en los que conozcan en primera instancia
68. Recurso de apelación contra Autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación
69. Recurso de apelación contra sentencias
70. Recurso de apelación contra sentencia dictada por Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo en materia de protección jurisdiccional de derechos fundamentales
71. Escrito de solicitud de ejecución provisional pendiente recurso de apelación
72. Escrito de oposición a la ejecución provisional
73. Escrito de oposición a la apelación
74. Escrito de interposición del recurso de queja por denegar la tramitación de un recurso de apelación
75. Escrito del apelado formalizando su oposición al recurso
76. Recurso extraordinario de revisión
77. Oposición al recurso extraordinario de revisión
78. Escrito instalado al Juzgado/Sala la ejecución forzosa de la sentencia
79. Escrito solicitando la ejecución de sentencia
80. Escrito reiterando la ejecución de la sentencia
81. Escrito solicitando ejecución forzosa de la sentencia con petición de deducción de testimonio por desobediencia
82. Escrito solicitando que se incremente el interés del dinero en dos puntos más de interés legal ante el incumplimiento de pago de la Administración
83. Escrito de alegaciones ante la posible causa de imposibilidad material o legal de ejecutar la sentencia
84. Escrito de alegaciones en los supuestos de expropiación de los derechos o intereses reconocidos frente a la Administración por una sentencia
85. Escrito solicitando interés legal del dinero de la cantidad líquida (Cuando la Administración fuere condenada a pagar la cantidad líquida)
86. Escrito, transcurridos 3 meses, intereses legales más 2 puntos
87. Escrito de la Administración alegando sobre incremento en 2 puntos
88. Escrito de la Administración sobre ejecución menos gravosa
89. Escrito de la Administración sobre ejecución menos gravosa, en los supuestos de ejecución provisional
90. Solicitud de compensación
91. Escrito solicitando inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiera tenido acceso el acto anulado
92. Escrito solicitando del Tribunal la ejecución subsidiaria por éste de la sentencia
93. Escrito de parte promoviendo incidente de ejecución de sentencia en cuestiones relacionadas
94. Escrito de oposición en incidente de ejecución a la petición de ejecución subsidiaria
95. Escrito de parte solicitando la ejecución del acuerdo transaccional
96. Escrito de interposición en procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona
97. Escrito, personación y alegaciones de la Administración en procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona
98. Escrito poniendo de manifiesto las alegaciones de las partes demandadas distinta a la Administración
99. Proposición de la prueba en procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona
100. Recurso contra el acto de prohibición o modificación del derecho de reunión
101. Escrito de interposición del recurso en procedimiento para la garantía de la unidad de mercado
102. Escrito de demanda en procedimiento para la garantía de la unidad de mercado
103. Escrito de alegaciones adicionales tras demanda en procedimiento para la garantía de la unidad de mercado
104. Contestación a la demanda en procedimiento para la garantía de la unidad de mercado
105. Solicitud de suspensión de la disposición, acto o resolución impugnados en procedimiento para la garantía de la unidad de mercado
106. Traslado del acuerdo de suspensión a la jurisdicción contencioso-administrativa
107. Alegaciones de la Corporación Local interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo de la Corporación Local suspendido
108. Escrito de personación de interesados en procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos
109. Escrito de alegaciones de los interesados en el procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos
110. Solicitud de extensión de los efectos de una sentencia firme en los supuestos de tramitación preferente del artículo 37.2 LJCA/1998
111. Solicitud de extensión de los efectos de una sentencia firme que ha reconocido una situación jurídica individualizada
112. Escrito de personación y alegaciones de las partes ante el tribunal competente para resolver sobre la cuestión de ilegalidad
113. Escrito de parte en el que se realizan alegaciones sobre las pruebas practicadas para mejor proveer
114. Escrito de subsanación de defecto u oposición de la nulidad de las actuaciones
115. Otrosí solicitando la suspensión del acto impugnado (a incluir en los escritos de interposición del recurso o de demanda)
116. Escrito solicitando la suspensión del acto recurrido
117. Solicitud de tasación de costas
118. Impugnación de la tasación de costas
119. Ejecución provisional de sentencia recurrida en casación
120. Escrito de alegaciones sobre interés casacional objetivo
121. Escrito de alegaciones sobre cumplimiento requisitos exigidos en la presentación del recurso de casación (artículo 92.4 LJCA)
122. Escrito de Interposición (formalización) del recurso de casación
123. Comparecencia como recurrido y, en su caso, oposición a la admisión del recurso de casación
124. Escrito de preparación del recurso de casación contra auto
125. Escrito de preparación del recurso de casación contra sentencia
126. Escrito de oposición al recurso de casación
127. Recurso directo de revisión contra decreto que declara desierto el recurso de casación
128. Impugnación del recurso directo de revisión contra el decreto que declara desierto el recurso de casación
129. Recurso directo de revisión contra el decreto que declara firme la sentencia o auto en virtud del artículo 89.3 LJCA
130. Impugnación del recurso directo de revisión contra el decreto que declara firme la sentencia o auto en virtud del artículo 89.3 LJCA
131. Recurso de reposición previo al de casación contra autos